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Martes, 22 Agosto 2017 15:07

Investigación "Estado como generador de desigualdades sociales y económicas"

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La desigualdad social y económica puede ser generada por el sector público al hacer una redistribución inequitativa de los recursos públicos. De acuerdo con la teoría económica del sector público, una de las funciones básicas del Estado es captar los ingresos de todos los agentes y actores económicos para luego redistribuirlos progresivamente en la sociedad. La redistribución progresiva significa “desviar” los recursos de las personas que tienen mayor capacidad adquisitiva hacia las personas que tienen menos ingresos. Por otro lado, existe la redistribución regresiva que es cuando el Estado le otorga mayores privilegios a unos sectores que tienen mayor capacidad adquisitiva y de agencia que otros. Una de las consecuencias nefastas de ésta última es la generación de desigualdad debido no solo a que habrán pocas personas de altos recursos con posibilidad de incrementar su riqueza, si no porque habrán muchas personas de bajos ingresos sin la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.

La desigualdad genera otros tipos de problemáticas asociados a pobreza, bajo nivel de educación, desempleo, desnutrición, inseguridad, entre otros. La hipótesis que acá se plantea es que el Estado es uno de los causantes de éstos problemas asociados a la desigualdad: externalidades, debido a la forma como redistribuye los bienes y recursos de la sociedad.

Las externalidades o efectos ocasionadas por el sector público pueden ser de dos tipos: visibles y objetivas o invisibles y subjetivos. Las primeras se refieren a los hechos palpables en la sociedad o el territorio y las segundas tratan de responder a la pregunta de qué hubiera sucedido en ausencia de la inversión o cuáles hubieran sido los beneficios y costos para la sociedad si la inversión no se hubiera realizado.

Una de las principales contribuciones de esta investigación es cuantificar los efectos o externalidades tanto visibles como invisibles de las intervenciones realizadas por el Estado en materia de megaproyectos a través de un estudio de caso. Lo anterior, con el objetivo de identificar las transformaciones sociales, económicas y espaciales que genera el Estado en el territorio cuando hace inversiones públicas e identificar cómo eso tiene contribuciones positivas o negativas en la desigualdad. 

El estudio de caso propuesto será tomar algunas de las intervenciones estatales enmarcadas en la política de “urbanismo social” e indagar sobre sus efectos sociales, económicos y espaciales en el territorio, tratando de analizar el costo de oportunidad de la inversión en dichos proyectos, es decir, tanto sus efectos visibles como lo que hubiera sucedido en ausencia de ellos o en presencia de otro tipo de inversión.

Visto 229 veces Modificado por última vez en Miércoles, 30 Agosto 2017 00:58

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